A muy pocos dias de que el Congreso de la República termine su periodo legislativo, el proyecto #LeyComidaChatarra no fue agendado para debate en el Senado en las sesiones de hoy, 15 de junio. En ese sentido, es probable que esta iniciativa se hunda por tercera vez, a pesar de la presión de la sociedad civil y de la academia.

La Ley Comida Chatarra busca que se exija a la industria que ponga “los sellos frontales de advertencia en los productos comestibles o bebibles, de acuerdo con contenidos de edulcorantesy/o con el contenido en exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas”.

Esta iniciativa tiene el apoyo de más de 280.000 personas que han firmado la petición en línea (disponible en www.nocomasmasmentiras.org) y las más de 7.100 cartas que la ciudadanía ha enviado a los miembros de la mesa directiva del Congreso pidiéndoles que agenden esta iniciativa antes del 20 de junio de 2020.

Adicionalmente, de acuerdo con una encuesta realizada hoy por el periodista Lucas Pombo de W Radio, en la que se preguntaba “¿Cuál debe ser el proyecto que priorice el Congreso de la República en el remate de las sesiones ordinarias? y que fue respondida por más de 2.300 personas, quienes priorizaron la #LeyComidaChatarra

La implementación de los sellos frontales de advertencia cobra aún más importancia debido a los altos niveles de sobrepeso, obesidad, diabetes y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la nutrición que afronta el país. Según la Organización Mundial de la Salud, los colombianos tienen altas tasas de sobrepeso (55,8%), obesidad (20,7%) y diabetes (8,0%). Adicionalmente, la Encuesta de Salud Nutricional 2015 establece que 1 de cada 4 escolares entre 5 y 12 años tiene exceso de peso y más de la mitad de los adultos afrontan esta situación.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Panamericana de la Salud han publicado documentos técnicos, en los que destacan los altos riesgos de los productos comestibles ultra-procesados para la salud.

Varios estudios sin conflicto de interés han mostraron que consumir una dieta de productos comestibles ultra-procesados se relacionó, 10 a 20 años más tarde, con aumento de peso, aumento de enfermedades cardíacas, mortalidad por todas las causas, aumento de diabetes, hipertensión y varios tipos de cáncer. Cabe recordar que el término productos comestibles ultraprocesados hace referencia a la comida (incluyendo bebidas) chatarra, que la industria suele engañosamente presentar como “alimentos”.

Así mismo, según un estudio realizado en Colombia, los sellos de advertencia octagonales en el frente de los empaques son claros, comprensibles y ayudarían a promover una alimentación saludable. Los adultos que participaron percibieron que los comestibles y bebidas con sellos de advertencia eran menos saludables y hacia que fuera menos probable su compra en comparación con los productos sin sellos

Finalmente, es importante que para el desarrollo de políticas públicas en salud y en materia alimentaria, como es el caso de este proyecto de ley, el Congreso y las instancias de gobierno se basen en la evidencia científica sin conflicto de interés; es decir, que no haya sido diseñada o pagada a conveniencia por la industria

Al respecto, es importante señalar que las grandes empresas de la industria de productos ultraprocesados tienen la capacidad de influir en el diseño, implementación y conclusiones de investigaciones, presentaciones científicas y congresos, con el fin de desvirtuar la evidencia científica e influir negativamente en las políticas y programas de nutrición y alimentación, sesgando así la práctica a nivel clínico y de salud pública.

Para Mercedes Mora y Luis Fernando Gómez, profesores de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Javeriana, la situación de salud pública que enfrenta Colombia y el mundo entero con el Covid-19, las enfermedades crónicas y otras enfermedades relacionadas con patrones de alimentación no saludables, requiere urgentemente que exista una información adecuada, veraz y oportuna en los comestibles ultraprocesados.

No agendar el proyecto de ley comida chatarra en el Senado de la república es estar en contra de la salud pública. La inacción política se traducirá en una mayor mortalidad y carga de enfermedad.

Desde la Red Académica Por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas demandaron que prevalezca el bien común sobre el interés particular de la industria y que la evidencia científica sin conflicto de interés guíe las regulaciones que buscan garantizar el derecho humano a la salud, la alimentación y la información.

Para Juan Carlos Morales González, Director Ejecutivo de FIAN Colombia es absolutamente claro que con la falta de voluntad del legislativo para agendar este proyecto, y el papel del Estado que privilegia los intereses del sector privado por encima de la salud y la alimentación adecuada de la población, Colombia incurre en serias violaciones a los derechos humanos a la alimentación adecuada y la sal

Para Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, es lamentable que el Presidente del Senado, Arturo Char, no agendó este proyecto de Ley, que ya habían anunciado por redes sociales los dos vicepresidentes del Senado, que ha sido solicitado por tantas voces a nivel nacional. Me pregunto: ¿a quién escucha el Dr. Char?, ¿que dice su casa política?

Sobre Red PaPaz

La Corporación Colombiana de Padres y Madres – Red PaPaz- es una entidad que nace en el 2003 cuyo propósito superior es abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. A abril de 2021 contamos con 697.789 padres y madres en Colombia vinculados a través de 488 instituciones educativas afiliadas en 19 departamentos

Sobre FIAN Colombia.

FIAN Colombia hace parte de FIAN Internacional, organización que cuenta con carácter consultivo ante el Sistema de las Naciones Unidas. Desde hace más de tres décadas, FIAN se especializa en la exigibilidad del derecho a la alimentación y los derechos conexos, y ha sido protagónica en los procesos de desarrollo de los estándares internacionales en la materia. El trabajo de la organización se centra en el acompañando y fortalecimiento de las comunidades y funcionarios públicos, el monitoreo al cumplimiento estatal de sus obligaciones frente al derecho a la alimentación, la denuncia de casos de violación de ese derecho, y la construcción participativa de políticas públicas basadas en los derechos humanos.