El Superintendencia de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, ordenó una investigación administrativa en 396 casos de personas detectadas en la Subred Norte de Bogotá, y de la clínica Foscal, de Bucaramanga, a quienes les aplicaron vacunas sin que les correspondiera la etapa de priorización establecida por el Gobierno.

A raíz del hecho difundido ampliamente de la vacunación de una politóloga en Bogotá quien se habría saltado la fila, la Supersalud desarrolló una visita de auditoría en la segunda semana de marzo a la Subred Integrada de Servicios Norte ESE, en la cual evidenció 9 hallazgos de presuntos incumplimientos al Plan Nacional de Vacunación y a los lineamientos técnicos y operativos dados por el Ministerio de Salud.

Estos hallazgos fueron también trasladados a los entes de control, como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, así como a la Secretaría de Salud de Bogotá, para que adelanten las investigaciones y determinen las sanciones a que haya lugar en el marco de sus correspondientes competencias.

No podemos generalizar que estas situaciones se estén presentando en todo el país, ¡pero aquí nadie puede fallar! Y no me refiero solamente a los actores de la salud, sino también a los usuarios, servidores públicos, contratistas y particulares que deben respetar los criterios establecidos, especialmente, en el turno de asignación para cada etapa”, dijo el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, al presentar públicamente estos hallazgos.

Hallazgos en Bogotá

La Superintendencia encontró que de esos 395 vacunados de la Subred Norte, 142 corresponden a personal administrativo de la Subred y otros 253 a personas que -como era el caso de la politóloga- hacían parte del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).

Del primer grupo de 142, se evidenció que pertenecían a áreas administrativas tales como gerencia, contratación, calidad, conmutador, dirección financiera, control interdisciplinario, gestión ambiental, gestión documental, activos fijos y la Oficina de Participación Comunitaria y de Servicio al Ciudadano, entre otros.

De acuerdo con la auditoría, la Subred no realizó una adecuada priorización del personal de salud en la primera etapa de vacunación conforme con los criterios de priorización establecidos en el numeral 7.1.1. del artículo 7 del decreto 109, de 29 de enero de este año, expedido por el Ministerio de Salud.

Según esa norma, en esta primera etapa “se vacunará de forma progresiva al personal cuya actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico confirmado de Covid-19 y en consecuencia se encuentran en una exposición permanente, intensa y directa al virus…”.

Según los reportes de la propia Subred, al menos 16 de estas personas fueron inoculadas el primer día de la vacunación en Bogotá, es decir el 18 de febrero.

Un segundo caso sobre el que la Supersalud hizo revelaciones y dio traslado de los hallazgos a los entes de control es el relacionado con el cirujano plástico Camilo Orlando Reyes Carrascal, vacunado en Bucaramanga.

En su auditoría, la Superintendencia evidenció 4 hallazgos sobre la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal) y la Fundación Fosunab, con sedes en Bucaramanga y Floridablanca, en Santander:

Los documentos remitidos a la Supersalud muestran como si hubiera sido vacunado en la Foscal, que sí tiene ese servicio habilitado, pero al hacer la trazabilidad se encontró que el cirujano realmente fue vacunado en la sede Floridablanca de la Clínica Fosunab, que no tenía habilitado el servicio de vacunación para Covid.

Supersalud encontró que el cirujano no fue postulado ni inscrito por la Foscal ni por Fosunab para ser vacunado, ya que no cuenta con vinculación vigente con ninguna de estas clínicas.

Adicionalmente, el cirujano no hacía parte de la población que estaba altamente expuesta al Covid-19, por lo que no podía ser clasificado en la Etapa 1, por lo que, al vacunarlo, presuntamente las clínicas desconocieron los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud.

Se encontró que las dos IPS habrían desconocido sus obligaciones frente al agendamiento de citas y verificación de la priorización para la vacunación, así como la presunta omisión de cotejar si el cirujano se encontraba o no en la base de datos.