Ante la contingencia provocada por el Covid-19,  la Gobernación ha garantizado el derecho a la educación en los 26 municipios no certificados, dijo el titular del despacho, Fabio Arias.

Según los recorridos realizados para dialogar con rectores y alcaldes y con base en encuestas aplicadas a la comunidad educativa del departamento, se evidencia que de 164 directivos docentes 79 expresan su voluntad de iniciar el retorno progresivo bajo el esquema de alternancia y de 1.024 sedes ingresarían a este proceso 413 (369 rurales y 44 urbanas), en las que se atenderían a cerca de 12.800 estudiantes y contaríamos con 1.678 directivos y docentes de los cinco mil.

Esto quiere decir, preliminarmente, que el 86% de la matricula estudiantil seguiría en la modalidad de educación a distancia, bajo la premisa “una escuela en cada hogar”, mientras que el 14% restante quiere retornar bajo el modelo de presencialidad con alternancia. Sin embargo, la decisión final la tomarán las Juntas Municipales de Educación.

Esto se hará de la siguiente manera: cada institución educativa que reportó su  voluntad de trabajar con el modelo de alternancia debe presentar a la Junta Municipal de Educación (JUME) una propuesta pedagógica y de salud, la cual debe partir del consentimiento de los padres de familia y docentes, el asentimiento de los estudiantes y la aprobación del Consejo Directivo de la institución, además, en los territorios indígenas se debe contar con el consentimiento de las autoridades tradicionales, para que conjuntamente con la autoridad local, es decir, con los alcaldes y en compañía de la entidad de salud, se revisen, ajusten y aprueben dichas propuestas si así lo consideran.

Una vez agotado este paso, las decisiones tomadas se remitirán desde la JUME a la Secretaría de Educación Departamental, que conjuntamente con la autoridad de salud regional hará el respectivo estudio, con el fin de tener el dato exacto de quiénes entrarían en el proceso de alternancia. Esto permitirá definir la modalidad de ejecución de programas tan importantes como el transporte y la alimentación escolar.

Para estos procedimientos ya se envió un oficio a los alcaldes, en el que se les informa cuáles instituciones educativas de su localidad presentan la voluntad de iniciar bajo el modelo educativo de alternancia, con el fin de que puedan programar la citación de la Junta Municipal de Educación y escuchar dichas propuestas. Esto teniendo en cuenta que son los alcaldes quienes tienen la potestad de aceptar o no este modelo, según las normas de cada municipio para enfrentar el COVID-19.

Así las cosas, en la primera semana de agosto Caldas tendrá el dato de cuáles instituciones comenzarán labores con el modelo de presencialidad regulada, cuáles de las que presentaron voluntad estarán en etapa de alistamiento y aún no aplicarían el modelo por no cumplir en su momento con los requisitos o cuales municipios en su totalidad seguirán con educación a distancia por disposición de los alcaldes en las JUME.

Queda claro entonces que el modelo de presencialidad con alternancia será un proceso dialogado y concertado con las comunidades, teniendo muy presente que todas las instituciones y sedes educativas están en contextos diferentes.

Por esta razón, la fecha de inicio de este proceso no es el primero de agosto sino que se establecerá a medida que se cuente con las condiciones. Esto significa que podrán ir ingresando progresivamente bajo el esquema de alternancia sólo las sedes educativas que expresaron su voluntad y que a su vez vayan cumpliendo la totalidad de requisitos que garanticen las condiciones necesarias de aseo, desinfección, suministro de elementos de bioseguridad, entre otros, y que a su vez cuenten con el visto bueno de la autoridad local.

Para efectos de los recursos que demande el ingreso progresivo bajo el esquema de alternancia debemos actuar en equipo y con sentido de corresponsabilidad desde las autoridades del orden nacional, departamental, municipal y desde las comunidades. De acuerdo con el análisis del área de fondos de servicios educativos, a la fecha las instituciones aún tienen un aforo de recursos sin ejecutar que asciende a los 10 mil 567 millones 158 mil 790 pesos, los cuales servirán para este proceso.

Desde la Gobernación de Caldas hacemos un llamado al orden con el fin de que el proceso se realice de manera coordinada y concertada con las comunidades como se ha venido haciendo al escuchar todas las partes para tomar decisiones.