El anuncio de la construcción de un puerto de aguas profundas en el Golfo de Tribugá ha alertado a la población de la zona y a varias organizaciones sociales.

Ellas llaman la atención sobre las implicaciones económicas, sociales y ambientales que tendría este megaproyecto en una región en la que el Estado es el principal ausente.

La construcción del puerto de aguas profundas en el golfo es un viejo sueño de empresarios y políticos del Chocó, Risaralda, Caldas, Antioquia y Valle del Cauca, que tomó más fuerza con la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del presidente Iván Duque.

¿Un proyecto contraproducente?

El profesor Rodolfo García, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL, señala en su análisis “Megapuerto de Tribugá sumergido en agua profundas”, que la decisión de olvidar la iniciativa del puerto (en Nuquí, Chocó) le representará al país un ahorro significativo durante la próxima década, estimado en 730 millones de dólares.

Según el docente, “los países de la región con portafolio activo de puertos, entre ellos Perú, con el puerto del Callao, y Ecuador con Guayaquil, y especialmente Posorja, nos permiten dimensionar el tamaño del desperdicio para la economía nacional que podría resultar de aportar recursos públicos y esfuerzos institucionales a semejante aventura quijotesca para derrumbar los “obstáculos” del desarrollo sostenible en la selva chocoana y sus auténticos molinos de viento a los ojos de cualquier Sancho ‘financiador’”.

De otra parte, el biólogo Arturo Larrahondo considera en “Puerto de Tribugá: el conflicto que implica su construcción”, que es necesario evaluar otros modelos de desarrollo alternativo para la región como el ecoturismo, y exigirle al Estado la generación de políticas que permitan suplir las necesidades básicas reales de las que adolecen estas comunidades.

En entrevista con UN Periódico, el profesor Camilo Díaz, de la Facultad de Ciencias Económicas, explica que un proyecto de esta naturaleza contribuye en la medida en que demanda bienes y empleos de la región, y al tiempo genera ingresos en forma de impuestos locales, regalías o los encadenamientos comerciales con la zona central cafetera o el Valle del Cauca.

No obstante, el economista advierte que “si bien los megaproyectos suelen traer consigo grandes inversiones de capital, estas deben estar acompañadas de buenas decisiones de política pública o, de lo contrario, no habrá beneficios para las áreas aledañas; quienes tienen las herramientas para solucionar problemas estructurales son los gobernantes, y una obra por sí sola no lo haría”.

Implicaciones de la fractura de la comunidad

Con respecto a su valor medioambiental, para la profesora Ligia Estela Urrego, del Departamento de Ciencias Forestales de la UNAL Sede Medellín, “hacer una obra de infraestructura de la magnitud del Puerto de Tribugá implicaría impactar un territorio cuya área es mucho más grande que la que ocuparía el puerto. Todo esto debido a que este ecosistema funciona como una red que está interconectada por procesos fluvio-marinos y alberga una amplia cadena alimenticia”.

De igual manera, pobladores y líderes sociales de la zona conversaron con UN Periódico y aprovechan para llamar la atención en relación con: el abandono del Estado, el cual se hace evidente en la deficiente prestación de servicios públicos, la falta de seguridad para sus comunidades y líderes sociales, y la falta de participación de sus cerca de 16.000 habitantes, 80 % de comunidades afro e indígenas, en la decisión de construir un megapuerto.

Algunos de ellos subrayan la importancia de que el país comprenda que un proyecto como el anunciado implicaría la fractura de la comunidad, pues esta implica un todo, “desde la gente hasta sus manglares, y todas sus raíces; una comunidad es algo hermoso, y cuando se pierde es algo que se extraña muchísim