El juzgado 51 civil de Bogotá admitió el estudio de una tutela que busca el retiro de la lista de elegibles del Contralor General a los abogados María Fernanda Rangel, Luis Carlos Pineda y Mónica Certaín.

El demandante, Eduardo Beltrán, señala que los tres están inhabilitados para aspirar al cargo porque son actuales funcionarios de la Contraloría.

Insiste en que las normas que rigen la elección de Contralor se advierten que no podrán ser elegidos “quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, al tenor del artículo 126 de la Constitución Política, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección”.

Y que, como Rangel, Pineda y Certaín siguen vinculados a la Contraloría violan la norma y deben ser apartados.

Esos aspirantes han debido renunciar a sus cargos un (1) año antes a la fecha de apertura de la Convocatoria Pública adelantada por el Congreso para elegir el Contralor por el periodo 2022 – 2026 y obviar la citada inhabilidad, dice Beltrán.

El juzgado admitió el estudio de la tutela y dio un plazo de un día a los tres señalados y al Congreso para resolver las dudas.