A esta conclusión se llegó desde diferentes perspectivas presentadas en los foros del Plan Estratégico Institucional –PLEI 2034– de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

A raíz de la pandemia por COVID-19 la situación financiera de las universidades estatales ha adquirido nuevas dificultades y ha planteado, ahora con más urgencia, aspectos a considerar acerca de la accesibilidad y la matrícula cero.

El profesor Carlos Alberto Garzón, director Nacional de Planeación y Estadística de la UNAL, recordó que en 2015 hubo varias movilizaciones para solicitar recursos.

“En ese entonces la ministra era María Fernanda Campo, la situación ya era crítica, y en 2018 hubo varios intentos por modificar la Ley 30 de 1992 ‘por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior’, pero no ha cambiado nada en los términos señalados”.

En su recuento de la historia más reciente de la problemática universitaria, el directivo mencionó que a los dos meses de haber comenzado el gobierno de Duque emergió una situación en la que la mayoría de las universidades plantearon el riesgo de no poder pagar la nómina de diciembre.

“El presidente convocó a los rectores para entender la situación y se llegó a los acuerdos que le dieron 4,5 billones de pesos adicionales al sector, recursos que aunque han aliviado la situación, no han resuelto el problema estructural”, dijo.

También mencionó la preocupación actual por la implementación de la matrícula cero, pues no existe claridad sobre cómo se está gestionando este proceso a raíz de la pandemia, tiempo en el cual varios estudiantes se vieron obligados a escoger entre sus necesidades básicas o estudiar.

Andrés Felipe Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la UNAL, señaló que “vemos que ha existido interés –por ejemplo con el programa ‘Ser pilo paga’– de buscar estrategias para hacer llegar la educación a más personas, pero también que hay problemas serios sobre el acceso a la educación en aspectos como la región o el género, que siguen siendo determinantes”.

Fernando Noreña, vicerrector Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, considera que “el modelo debe responder al tema de la financiación para ampliar la cobertura, pues aunque se está generando la posibilidad de mejorar la oferta académica, los recursos están solucionando problemas a corto plazo, del día a día, pero no se resuelven los problemas estructurales de financiación”.

Según el directivo, las plazas docentes también tienen dificultades y es un tema que se debe analizar.

Así mismo trató un punto clave: la universidad tiene que ver otros índices además del IPC, que no es el más idóneo para medir el incremento de presupuesto, y el DANE ha planteado costos de educación superior, por lo cual el modelo se debe afinar.

Por último, explicó que el crecimiento del costo de la educación no se puede plantear como un fenómeno que se da solo a partir de la inflación, sino que tiene que contar con una “billetera especial” que haga que el modelo no se convierta en una “colcha de retazos”, sino que adquiera columnas financieras sólidas, subrayó.

En desarrollo del foro se puso en evidencia la falta de participación de las mujeres para contribuir a este debate.