La Fiscalía General de nación apeló la decisión de libertad concedida a los dos guardas de seguridad por un  juez de garantías, quien se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento intramuros.

Según una comunicación del ente investigaror, a través de elementos materiales probatorios y evidencia física como entrevistas, registros fílmicos y álbum fotográfico, se pudo determinar que los hoy imputados en calidad de coautores,al parecer junto con otra persona, participaron en el hurto al despacho del gobernador de Risaralda el pasado 19 de abril, en horas de la noche.

Una fiscal adscrita a la Estructura de Apoyo (EDA) de Pereira (Risaralda), a cargo de la investigación, indicó en la audiencia que los indiciados cubrían el turno de 12 horas, de 6p.m. a 6:00 a.m., ese día: a uno de ellos le correspondía vigilar la entrada principal o portería y al otros el parqueadero.

Se presume que en sus labores permitieron el ingreso de un sujeto con un morral a las instalaciones de la Gobernación, quien posiblemente violentó la puerta de la sala de juntas y la de la oficina del gobernador, así como un cajón del escritorio del dirigente, del cual habría sustraído $7 millones, dinero perteneciente al ente gubernamental.

Asimismo, en las audiencias virtuales, la fiscal narró que de acuerdo a las declaraciones del supervisor de seguridad de la Gobernación, debido a la emergencia sanitaria dicha entidad solo permite el ingreso de funcionarios previa solicitud, y no hay atención al público.

Además, cada entrada debe ser registrada en la minuta de la portería. Igualmente se conoció que el personal de seguridad debe permanecer dentro del edificio cumpliendo su turno y no hay autorización para verificar novedades en la parte externa.

La Fiscalía pudo establecer que el día de los hechos, los dos presuntos implicados supuestamente se encontraban en la parte exterior, apartados de los sitios que a cada uno le correspondía resguardar.

Así, mientras uno de ellos , aparentemente permitió el acceso del ladrón, su compañero,  al parecer, le facilitó la salida por una puerta trasera de evacuación.

Tras la imputación realizada por el ente acusador, uno de los vigilantes , quien trabaja para la Gobernación de Risaralda desde 1999, guardó silencio.

El otros guarda, quien labora allí desde el  2006, no aceptó su responsabilidad en los hechos.